En pleno enfrentamiento de entre dos poderes del estado, el judicial y el ejecutivo, con declaraciones del ministro Bermejo diciendo que los poderes se han de controlar, que es ilegal la huelga de los jueces, y con el trasfondo del caso Mariluz como espoleta.

Con todo ello, quisiera analizar el estado de la justicia después de muchos años de la descentralización y sus consecuencias.

La justicia tiene un mal endémico desde el principio de la democracia y es su modernización. En pleno siglo XXI, y en plena era informática nos encontramos una justicia empapelada y totalmente arcaica que solo para determinados procesos muy complicados como el del 11-M contó con medios informáticos especialmente diseñados para esos procesos.

Pero lo realmente grave es que no solo falta la digitalización de la justicia sino que además con las competencias descentralizadas a las autonomías, cada una de ellas esta implantando, muy, poro que muy lentamente su propio sistema informático y además incompatibles entre si y además sin una conexión entre la justicia y las fuerzas de seguridad del estado, lo que complica mas aun todo el sistema de justicia en nuestro país.

La cuestión no es poner un parche o un sistema para cada caso concreto que salta a la palestra mediática como el sistema de control de pedófilos o maltratadores, sino realmente invertir en diseñar, instalar y conectar un único software para la justicia en todo el territorio nacional interconectado con las fuerzas de seguridad del estado de manera que todo este controlado en un “bunker” central que tenga acceso todos los medios y personas implicadas en juzgados, abogados implicados en cada caso, funcionarios que han de trabajar en ellos, las fuerzas de seguridad del estado, y todos ellos en todo el territorio nacional de manera que tengamos una justicia unificada y mucho mas eficiente con menos dependencia personal y mas digital, lo que conllevaría menos consumo de papel, mas eficacia en el trabajo y mucha mas organización de todo un poder independiente en este país. Desde el año 2003 que se firmo el pacto por la justicia entre los dos partidos mayoritarios prácticamente no se ha hecho nada después de mas de cinco años. ¿Si lo tiene Hacienda, porque no la justicia?

Los jueces han votado por unanimidad la "necesidad de adoptar medidas de presión" y han convocado a toda la Carrera Judicial a un acto reivindicativo y de protesta en todas las sedes judiciales el 18 de febrero, paso previo para la huelga en junio.

Sus reivindicaciones son:


1. Efectiva y urgente instauración de la nueva oficina judicial, con delimitación precisa de funciones y responsabilidades.
2. Plena incorporación a los Juzgados de las nuevas tecnologías: intercomunicación de las bases de datos, interconexión entre Juzgados de distintas Comunidades, digitalización documental, firma electrónica...".
3. Formación adecuada de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia. Asegurar la inmediata cobertura de vacantes con personal titular.
4. Que el CGPJ establezca la carga máxima de trabajo razonable que puede asumir cada órgano.
5.- Revisión en profundidad de la actual planta judicial, partiendo del nuevo sistema diseñado por el CGPJ. debe revisarse
6.- Sistema adecuado y eficaz de sustituciones judiciales.
7. Conciliación entre la vida laboral y familiar, con la inmediata supresión del traslado forzoso por ascenso.
8. Adecuación quinquenal de sueldos y pago de guardias.

Con todas esta reivindicaciones, lo que se denota es una clara falta de medios y de esfuerzo por parte de las administraciones que además en los presupuestos del 2009 solo se destina el 1,1 del PIB que en comparación con Dinamarca que es mas de un 3% o de Alemania que es un 2,8% parece escaso, pero además hace falta un verdadero plan Marco básico general para todo el país de manera que la justicia realmente sea universal en calidad y eficacia en Madrid o en Alzira (Valencia), por poner dos ejemplos.

Estas reivindicaciones están apoyadas por la mayoría de los partidos políticos como PP o CIU, por los sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles.

Por todo ello, que el gobierno se plantee una verdadera modernización de la justicia de una vez por todas y aunque esto no de votos, lo ponga en practica por el bien de todos los españoles que tenemos que recurrir a la justicia ya que esta ha de ser rápida, efectiva e independiente.

Para terminar, planteare otro día las diferencias entre comunidades y en concreto el plan que tiene la comunidad de Madrid de privatizar el servicio abogados de oficio lo que llevaría a una verdadera rotura del sistema igualitario y quien más tuviese mejor asistencia obtendría. Pero este tema lo dejamos para otro día.