El Tribunal Supremo ayer hizo publica la sentencia sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) rechazando que los padres puedan objetar a esta asignatura y obliga a los alumnos a acudir a clase. Pero ha hecho una matización muy importante que ha dejado satisfechos a los implicados.

 

 El TS precisa que estos hechos "no autorizan a la Administración educativa, ni a los centros docentes, ni los concretos profesores a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas".

 

Con esta sentencia quedan claras muchas cosas y posibles hechos o situaciones que en un anterior artículo ya expuse. El hecho que el gobierno ante la falta de valores de la juventud y de la sociedad ha considerado ejercer su obligación de solventar esta situación creando una asignatura que pudiera compensar las carencias de educación de gran parte de los hogares españoles y de la desidia de numerosísimos padres y madres en la educación de sus hijos.

 

Pero esta actuación a la que la sentencia respalda también tiene unos limites que también ha quedado claro en la mismas y que realmente eran el foco de la controversia, como son los contenidos que afectaban a la moralidad o creencias.

 

Este límite que ha dejado claro y sentenciado el alto tribunal, es donde a partir de ahora se va a plantear la batalla ya que en gran parte de los libros y de los contenidos que imparte determinados profesores o centros es claramente contrario a esta sentencia.

 

A partir de esta sentencia, solo caben dos salidas para poder solucionar esta confrontación, una es el recurso al constitucional que si duda los demandantes van a ejercer, otra es la revisión de los contenidos con el fin de unificar un solo criterio y contenido consensuándolo de manera que no exceda los limites de la sentencia además de estar muy vigilantes a lo que realmente se imparta en las aulas.

 

No hay otra solución, o de una vez por todas el gobierno de "la tolerancia" que preside Zapatero se baja del burro y pacta con un amplísimo consenso social e institucional, o sea incluido el Partido Popular o el panorama de continuas demandas por traspasar los limites marcados va a ser tan grande que provocará otro colapso mayor de una justicia ya atascada de por si.

 

Nuestro niños entraran a las clases, pero el continuo examen sobre los contenidos que se impartirán dentro de las aulas que se va a hacer en cada hogar y la revisión cada septiembre que haremos los padres del material didáctico que ese curso van ha utilizar ese curso.

 

O se hace todo esto antes del próximo curso, o se prevé un otoño calentito.

 

Léase: La educación se les revuelve al gobierno central y a los autonómicos