Se ha levantado una autentica polvareda a raíz del mitin en dos Hermanas (Sevilla) este fin de semana al que asistió el Presidente del y Secretario General del PSOE en un avión del estado.

 

Que si a favor, que si en contra, a todo esto y por usar la historia de los presidentes anteriores, era el partido quien se hacia cargo de esos desplazamientos  por su consideración de 1er ministro y no jefe de estado

 

Ya son muchos los escándalos del actual presidente del gobierno por el uso "particular" de los medios del estado para desplazamientos, vacaciones, etc... Recordemos su viaje de compras a Londres en un avión del estado y del uso de la embajada española como hotel, o sus vacaciones en Lanzarote...

 

Sin querer hacer leña del "árbol caído" el gran problema surge cuando en España no están delimitados mediante ley orgánica los límites del uso y disfrute, de los derechos y deberes del presidente del gobierno.

 

Ahora que tanto se mira a la administración americana, podría ser un claro ejemplo como base legisladora que tiene el presidente, mezclándolo con la legislación Británica sobre el primer ministro.

 

Las bases son claras, en Usa cuando jura un presidente se le retiran todas las tarjetas bancarias personales, se les limita el uso de sus cuentas particulares a la supervisión continua de un auditor público, y se les limita el uso de propiedades inmobiliarias públicas. Así mismo el modelo Británico se basa en la perfecta diferenciación del lo publico a lo privado salvo en lo relativo a los escoltas, siendo todo movimiento privado en servicios públicos teniendo taxativamente vetado el uso de medios públicos, la verdad ni tanto ni tan calvo.

 

El presidente del gobierno debería de tener por ejemplo una residencia de verano publica única, por ejemplo Doñana, y cualquier otra posibilidad a de ser en una propiedad no publica y con cargo a su bolsillo particular, es decir, es estado se hace cargo se sus vacaciones en Doñana, transporte etc... pero no en otro sitio. Al igual que sus viajes al extranjero o nacionales que si son particulares se hará cargo su bolsillo y si son de partido el mismo partido, recordando que siempre los escoltas necesarios siempre Irán a cargo del estado.

 

Una buena ley que legislara al respecto podría hasta por temas de comodidad o seguridad basar unas tarifas  de mercado de uso de transporte del estado de manera que estos fueran sufragados o por el propio bolsillo del presidente del gobierno o bien por el partido, pero no a costa de todos los españoles, todo esto además supervisado semanalmente por una comisión de auditores públicos en el congreso de los diputados de donde sale la soberanía del estado y quien a de velar por el buen uso de las prebendas publicas.

 

En resumidas cuentas, y nunca mejor dicho, las cuentas claras y el chocolate espeso. Dejemos de una vez por toda una legislación clarificatoria de usos y disfrutes del gobierno y de los presidentes de comunidades autónomas para que estos temas solamente pudieran saltar a la palestra informativa por incumplimiento y por tanto delitos y no por un debate sin final de estos usos tan poco controlados.